El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionó, con vetos, la ley que crea un nuevo Marco Legal para el Transporte Público Colectivo en el país. La norma fue publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU) este lunes (15). La nueva ley cambia las reglas del transporte público en el país, y busca mejorar la calidad de los servicios y reducir la dependencia de las tarifas pagadas por los usuarios como principal fuente de recursos del sistema. Entre los cambios, la ley prevé más transparencia sobre los costes de las empresas de transporte, establece objetivos en áreas como puntualidad, seguridad y accesibilidad y fomenta el uso de tecnologías menos contaminantes. El objetivo es dotar de mayor estabilidad a la financiación del sector y mejorar el servicio a la población. Ahora en g1 Vea los puntos principales: ¿Qué cambios en la financiación del transporte público? Hoy en día, el transporte público depende principalmente de la tarifa que pagan los usuarios. La nueva ley intenta crear otras formas de financiar el sistema para asegurar su sostenibilidad. Uno de los cambios es que las empresas de autobuses ya no reciben remuneración únicamente por el número de pasajeros transportados. Pueden recibir un pago, por ejemplo, en función del número de kilómetros recorridos. La idea es evitar que las empresas reduzcan horarios o corten líneas menos transitadas sólo para ahorrar dinero, lo que tiende a perjudicar a los residentes en regiones más remotas. La ley también permite que recursos provenientes de la apreciación de bienes raíces, contribuciones de grandes proyectos y fondos gubernamentales específicos se utilicen para ayudar a financiar la infraestructura de transporte. Al mismo tiempo, la legislación deja claro que los servicios privados de transporte individual, como las aplicaciones de transporte compartido, no pueden recibir subvenciones públicas. Gratis y descuentos La nueva ley mantiene la posibilidad de ofrecer tarifas gratuitas y descuentos, pero el gobierno vetó tramos que obligaban a estados y municipios a pagar íntegramente estos beneficios con sus propios recursos. Según el gobierno, esta obligación podría generar gastos sin previsión presupuestaria e incluso poner en riesgo beneficios existentes. Los vetos no impiden que los gobiernos sigan otorgando subsidios para pagar servicios gratuitos; simplemente eliminan la obligación legal de hacerlo. Más transparencia y supervisión La ley exige más transparencia a las empresas que operan el transporte público. Tendrán que revelar datos sobre costes, ingresos, kilómetros recorridos y número de pasajeros transportados. El objetivo es facilitar la inspección por parte de los organismos públicos y permitir un mayor control por parte de la sociedad sobre los contratos. Además, el gobierno federal podrá emitir normas generales para orientar a los estados y municipios sobre buenas prácticas de gestión e inspección. Metas de calidad La nueva legislación establece criterios mínimos de calidad para los servicios de transporte público, que incluyen: Regularidad y puntualidad de los viajes; Seguridad de los pasajeros; Accesibilidad para personas con discapacidad; Comodidad del usuario; Menor impacto ambiental; Integración con otros medios de transporte. Nuevas reglas para los contratos. La ley moderniza los contratos entre gobiernos y empresas de transporte. Los contratos pueden incluir objetivos de productividad y reducción de costos. También se vuelve obligatoria la realización de licitaciones para la operación de servicios, evitando contratos considerados precarios. Además, las Administraciones públicas podrán contratar, de forma complementaria, servicios de transporte bajo demanda a través de apps, siempre que no perjudiquen las líneas regulares esenciales. Subvenciones cruzadas La legislación permite que las líneas o servicios que ganan más ayuden a financiar aquellos que operan con pérdidas, ayudando a mantener el servicio en áreas menos rentables. Sostenibilidad ambiental La ley fomenta la sustitución paulatina de los combustibles fósiles por fuentes de energía más limpias, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en el transporte público. ¿Qué cambiaron los vetos? El presidente vetó disposiciones que: Obligaron a los estados y municipios a pagar la totalidad de las propinas y descuentos; Previeron subsidios federales obligatorios para las tarifas locales; Determinaron exención de peajes para autobuses en carreteras estatales y municipales; Crearon nuevos gastos permanentes para los gobiernos; Reservaron obligatoriamente parte de los recursos del Cide-Combustíveis para el transporte urbano. Según el gobierno, los vetos se hicieron para evitar gastos sin previsión presupuestaria, preservar la autonomía de estados y municipios y reducir riesgos fiscales. En la práctica, la nueva ley busca crear fuentes alternativas de financiación para el transporte público, aumentar la transparencia de los contratos, mejorar la calidad del servicio e incentivar medios de transporte menos contaminantes, sin imponer nuevos gastos obligatorios a los gobiernos.