A partir de este miércoles (4), el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará 12 recursos presentados por grandes tecnológicas y entidades del sector tecnológico que piden aclaraciones y ajustes a la decisión que aumentó la responsabilidad de las plataformas por los contenidos que publican. Una de las principales preguntas es cuándo se debe aplicar el entendimiento adoptado por la Corte Suprema, ya que las empresas piden que las reglas sólo sean válidas después de que se hayan cerrado todas las posibilidades de apelación ante los tribunales. En junio del año pasado, por 8 votos contra 3, el STF declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 19 del Marco Civil da Internet. El pleno analizó dos recursos que discutieron la validez de este apartado de la norma. El artículo afirma que "el proveedor de la aplicación de Internet sólo puede ser considerado civilmente responsable de los daños resultantes de contenidos generados por terceros" si, tras una orden judicial, "no toma medidas" para eliminar el contenido. La mayoría de la Corte Suprema estableció como regla general que las plataformas digitales son responsables del contenido publicado por el usuario y deben ser consideradas responsables si no eliminan del aire publicaciones ilícitas o delictivas. La decisión del STF Los ministros del Tribunal Supremo decidieron que el artículo 19 "no proporciona una protección suficiente" a los derechos fundamentales y, por tanto, debe interpretarse de forma que los proveedores queden sujetos a responsabilidad civil. En la práctica, cuando una publicación constituye un delito o acto ilegal, la víctima o su representante puede contactar directamente con la plataforma y solicitar su eliminación. Si después de esta notificación la red no elimina la publicación, será responsable de cualquier daño que la publicación cause. Si el tribunal considera que el posteo fue irregular, la red deberá indemnizar a la víctima. En el caso de delitos contra el honor –insulto, calumnia y difamación– la retirada depende de una decisión judicial. En estas situaciones, existe la posibilidad de eliminación mediante notificación extrajudicial, es decir, notificación directa a la plataforma por parte de la víctima o abogado, cuando se repitan publicaciones de contenidos ya considerados ilegales por los tribunales. Las empresas responderán por los contenidos ilegales difundidos a través de anuncios y promociones de pago y por la difusión de estos contenidos por parte de robots. El Tribunal Supremo también estableció que las empresas deben tener el deber de cuidar los contenidos publicados. Esto significa que tendrán que eliminar inmediatamente, por su cuenta, los contenidos que contengan delitos considerados graves. Características Los ministros deben comenzar a juzgar los llamados embargos de aclaración que piden aclaraciones sobre oscuridad, inexactitud, contradicción u omisión en la decisión. La expectativa es que la sentencia no genere mayores cambios a las tesis ya establecidas. El presidente del STF, Edson Fachin, afirmó que la idea es "comenzar y terminar" esta semana. Entre los recursos se encuentran preguntas de Facebook, Google, Sleeping Giants Brasil y el Instituto Brasileño de Protección al Consumidor. ➡️Facebook pide a la Corte Suprema que aclare que la decisión solo surtirá efecto para hechos que ocurran después de finalizado el juicio en la Corte y que las empresas tienen un plazo de seis meses para implementar todas las obligaciones. Otra exigencia es que los ministros aclaren el concepto de presunción de responsabilidad empresarial. Esto se debe a que, según la empresa, el uso de la expresión 'presunción de responsabilidad' "podría llevar a interpretar que la responsabilidad civil de los proveedores de aplicaciones de Internet no dependería de la verificación de los requisitos de culpa, daño y relación de causalidad". ➡️Google ya señala que no están claros los requisitos mínimos que deben presentar las notificaciones de expulsión extrajudicial para garantizar su credibilidad, el análisis y actuación del prestador, como la legitimación del solicitante y la descripción del presunto delito. La empresa afirma que es necesario dejar claro que la tesis del Tribunal sólo se aplica a casos futuros, para evitar conclusiones dispares en los tribunales inferiores y la multiplicación de los recursos. ➡️Sleeping Giants Brasil sostiene que es necesario aclarar los parámetros objetivos que definen la 'acción diligente', la 'oportunidad' y el concepto de 'red de distribución artificial' para definir la responsabilidad de las plataformas digitales. Y cuál es el deber del Ejecutivo en implementar, regular y monitorear la decisión de la Corte, además de cómo se aplicará la decisión a los procesos que están en curso en la Justicia. ➡️La Asociación Internetlab para la Investigación en Derecho y Tecnología afirmó que las plataformas deben entender cómo pueden demostrar la adopción de medidas adecuadas para cumplir con el deber de diligencia. ➡️La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) sostiene que falta una definición de qué tipos de proveedores están sujetos a las nuevas reglas, ya que la tesis solo menciona algunas categorías de plataformas, además de la ausencia de referencia a microempresas, pequeñas empresas y plataformas con menos de 10 millones de usuarios. También cuestiona la indefinición sobre qué pueden exigir las plataformas de información a quienes solicitan la eliminación de contenidos y quiénes están legitimados para realizar estas notificaciones. ➡️El Instituto Brasileño de Protección al Consumidor dice que el entendimiento del Tribunal Supremo no impide que el régimen de responsabilidad objetiva del Código de Protección al Consumidor se aplique a las relaciones de consumo establecidas en el ámbito de los mercados. La decisión del STF deberá ser seguida por todos los jueces y tribunales de Brasil. Esto estará vigente hasta que el Congreso Nacional promulgue una ley específica sobre deberes de las plataformas y protección de las personas. Decretos Descubra qué cambia con las nuevas reglas para operar plataformas digitales en Brasil Luego de la decisión del STF, en mayo, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emitió dos decretos que crean nuevas reglas para el funcionamiento de las redes sociales. El primero detallaba los deberes de los proveedores en materia de moderación de contenidos, transparencia, seguridad de los servicios y mitigación de la circulación masiva de contenidos delictivos. El otro establece directrices para combatir la violencia contra las mujeres en el entorno digital, con la obligación de dejar de estar disponibles los contenidos íntimos no autorizados en un plazo de dos horas tras la notificación y medidas contra los deepfakes íntimos generados por IA. También se decidió que corresponde a la Agencia Nacional de Protección de Datos, vinculada al Ministerio de Justicia, controlar si las plataformas cumplen con las normas impuestas por el Tribunal.