La Corte Suprema ordenó a los estados y Territorios de la Unión que crearan una política para liberar a los presos ancianos y con enfermedades terminales. Esta directiva garantiza que los valores constitucionales se respeten incluso dentro de los muros de la prisión. El tribunal destacó que la dignidad y el trato humano siguen siendo primordiales para todos los reclusos. Los datos muestran que más de 5.000 presos entran en estas categorías vulnerables. La política deberá formularse dentro de los próximos tres meses.