Al mismo tiempo que continúan las discusiones sobre el restablecimiento de los derechos de los profesores de las universidades, continúan los desacuerdos sobre la implementación de las aprobaciones relacionadas con este campo. Mientras una parte de la comunidad académica considera la implementación de estas aprobaciones como una exigencia legal y necesaria para compensar los atrasos salariales, algunos critican sus efectos sobre el sistema de pagos de los empleados públicos y los recursos financieros del país.