Las Naciones Unidas consideran la vivienda como un derecho humano básico, no sólo una inversión. La financiarización y las presiones globales desplazan a millones de personas, haciendo que las ciudades sean inasequibles para muchos. Los grupos marginados se enfrentan a una importante discriminación a la hora de conseguir una vivienda adecuada en todo el mundo. Los fundamentos jurídicos de este derecho existen en los tratados internacionales de derechos humanos. Una vivienda adecuada requiere seguridad, asequibilidad, habitabilidad y acceso a servicios.