En el último capítulo de tensiones de larga data entre la Universidad de Michigan y activistas pro palestinos, los fiscales federales acusaron a ocho de los activistas del movimiento de participar en una "campaña de intimidación" contra funcionarios universitarios. Estas acusaciones llegan en un momento en que muchos defensores de los derechos civiles consideran que los tratos de las instituciones universitarias y gubernamentales con las protestas pro palestinas son parte de un proceso más amplio para reprimir las voces de los críticos de la guerra de Gaza.