El gobierno ha restringido a los usuarios industriales, comerciales e institucionales la compra de gasolina y diésel en las estaciones de servicio minoristas. Esta medida tiene como objetivo frenar el crecimiento anormal de la demanda, particularmente de diésel, impulsado por las diferencias de precios entre las ventas minoristas y a granel. La orden, con vigencia de hasta 90 días, garantiza una disponibilidad equitativa de combustible para los consumidores comunes.