Lanzada en 2010, la operación de interés nacional apoyada por el Estado preveía la rehabilitación de 738 hectáreas de terrenos industriales baldíos en Burdeos, Bègles y Floirac para crear viviendas e infraestructuras. Pero una auditoría pone de relieve las disfunciones del establecimiento público responsable de dirigir el proyecto.