El gobierno de Estados Unidos está considerando una fianza de 100.000 dólares para los solicitantes de la Tarjeta Verde. Esta medida tiene como objetivo garantizar que los inmigrantes sean financieramente autosuficientes y no representen una carga para los programas públicos. La administración Trump está explorando esta autoridad legal de larga data bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta propuesta sigue a intentos anteriores de imponer tarifas a las solicitudes de visa H-1B. Los funcionarios afirmaron que esta política redujo las estadías excesivas en los programas piloto.