La administración Trump inició una campaña contra la Corte Penal Internacional. Esta acción apunta a la autoridad del tribunal sobre los funcionarios y el personal militar estadounidenses. Estados Unidos argumenta que el tribunal amenaza la soberanía nacional y el autogobierno. Se emplearán esfuerzos diplomáticos y posibles sanciones para inhabilitar el tribunal. Esta medida tiene como objetivo proteger a los ciudadanos estadounidenses del procesamiento internacional.