Los organismos cívicos de toda la India acaparan los titulares mientras toman medidas enérgicas contra las invasiones del espacio público. Leyes como la Ley de Control de Carreteras Nacionales de 2002 y regulaciones estatales específicas facultan a las autoridades para eliminar estructuras no autorizadas. Las penas van desde multas hasta la demolición, y las directivas de la Corte Suprema garantizan la debida notificación antes de tomar medidas, protegiendo contra la arbitraria "Justicia Bulldozer".