Al final de una reunión de crisis con varios ministros, convocada tras el impacto del asunto Lyhanna, el primer ministro Sébastien Lecornu propuso, el martes 9 de junio, enriquecer con medidas jurídicas un proyecto de ley ya previsto y dedicado a la protección de los niños. El jefe de Gobierno quiere crear un plazo máximo de tres meses para las investigaciones sobre la violencia contra menores, abrir un debate sobre el plazo de prescripción pero también aumentar las penas poniendo a un violador de niños en serie en riesgo de cadena perpetua, frente a los 20 años actuales.